Presupuesto 2027 eleva a US$25 mil millones techo de endeudamiento fiscal y supera límite vigente de 2026

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 ingresó al Congreso con una autorización para que el Ejecutivo pueda contraer obligaciones por hasta US$25.000 millones durante el próximo año, elevando el techo de endeudamiento respecto del límite vigente para 2026.

La disposición está contenida en el artículo 3 de la iniciativa y permite al Presidente de la República contraer obligaciones tanto en Chile como en el exterior, en moneda nacional o extranjera. El texto precisa que el monto considera amortizaciones e intereses de la deuda fiscal y contempla la posibilidad de emitir y colocar bonos y otros documentos de deuda.

La cifra representa un aumento de US$1.400 millones, equivalente a 5,9%, respecto del techo de US$23.600 millones actualmente autorizado para 2026. Este último monto se alcanzó luego de que durante este año se aprobara una ampliación de US$6.200 millones sobre los US$17.400 millones contemplados originalmente en el Presupuesto 2026.

No equivale a deuda nueva

Uno de los elementos centrales para interpretar la cifra es que la autorización de US$25.000 millones no significa que el Fisco vaya necesariamente a incorporar ese monto completo como nueva deuda durante 2027.

El propio artículo 3 establece que dentro de la autorización se consideran las amortizaciones e intereses de la deuda fiscal. Además, las obligaciones contraídas para efectuar pagos anticipados, totales o parciales, de deudas correspondientes a ejercicios anteriores tienen un tratamiento específico para efectos del cálculo del margen de endeudamiento.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó a La Tercera que el cálculo considera, en primer término, el pago de obligaciones anteriores y, posteriormente, las necesidades asociadas al déficit fiscal y al denominado gasto bajo la línea.

Una autorización adicional por US$600 millones

El proyecto contempla, además, una segunda autorización para que el Ejecutivo pueda contraer obligaciones por hasta US$600 millones, o su equivalente en otras monedas.

Se trata de una autorización diferenciada de la establecida en el límite general de US$25.000 millones. Asimismo, el artículo 2 permite al Presidente otorgar garantías del Estado a créditos que contraigan o bonos que emitan empresas del sector público y universidades estatales por hasta US$500 millones.

Por lo tanto, estas disposiciones corresponden a mecanismos distintos y no deben interpretarse automáticamente como un aumento equivalente de la deuda fiscal efectiva.

Déficit estructural de 1,8% del PIB

El aumento del techo de endeudamiento se plantea, además, dentro de un escenario en que el Gobierno busca reducir el déficit estructural.

El proyecto señala que el Presupuesto 2027 fue elaborado de acuerdo con una meta de déficit estructural equivalente a 1,8% del PIB, un punto porcentual por debajo de la meta de 2,8% vigente para 2026.

El mensaje presupuestario sostiene que la responsabilidad fiscal requiere que las decisiones de gasto cuenten con financiamiento sostenible y que el proyecto busca combinar una planificación financiera de mediano plazo con una revisión de prioridades y una asignación de recursos basada en evidencia.

En esa línea, el Gobierno plantea que el Presupuesto es consistente con una trayectoria destinada a estabilizar la deuda pública como porcentaje del PIB en el mediano plazo. El documento argumenta que contener el nivel de endeudamiento permitiría reducir el pago de intereses y preservar espacio fiscal para futuras necesidades.

Cinco años de planificación fiscal

El proyecto introduce, además, una nueva lógica de programación financiera de mediano plazo. A partir del Presupuesto 2027, la proyección de las necesidades de gasto se realiza con un horizonte de cinco años, con el objetivo de anticipar presiones presupuestarias, ordenar prioridades y evaluar la sostenibilidad futura de las decisiones adoptadas.

El mensaje vincula esta planificación con la situación acumulada de las finanzas públicas. Según el documento, durante 12 de los últimos 13 años se registraron balances fiscales deficitarios, situación que contribuyó al aumento de la deuda pública y del gasto en intereses. En 2025, agrega, el pago de intereses equivalió a más del 70% del gasto destinado a la Pensión Garantizada Universal (PGU).